- La Agencia ha dirigido sendas advertencias a dos ayuntamientos cuyos proyectos de videovigilancia prevén funcionalidades de análisis automatizado de imágenes mediante inteligencia artificial
- Estas tecnologías pueden servir de apoyo para garantizar la seguridad, siempre que se integren las garantías de protección de datos desde el diseño de los proyectos
- La AEPD destaca que la disponibilidad de una tecnología no justifica por sí misma su utilización, que debe responder a una finalidad concreta y superar un análisis de necesidad y proporcionalidad
- Contenido de las advertencias: AI-00170-2026 y AI-00171-2026
(6 de octubre de 2026). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha realizado sendas advertencias1 a dos ayuntamientos en relación con proyectos de videovigilancia que contemplan funcionalidades de inteligencia artificial para el análisis automatizado de imágenes.
Las advertencias forman parte de la función preventiva de la Agencia y permiten llamar la atención sobre tratamientos no iniciados que podrían no ajustarse a la normativa de protección de datos, de modo que los responsables puedan incorporar las garantías necesarias antes de su implantación efectiva.
En uno de los proyectos se contemplan funcionalidades de detección o reconocimiento facial. En el otro se prevén, entre otras capacidades, la detección de personas y vehículos, la generación de metadatos y la búsqueda de personas por características de su apariencia, como la vestimenta, el pelo, el sexo o el grupo de edad, incluso utilizando una imagen o fotografía como punto de partida.
La AEPD subraya que la utilización de sistemas de videovigilancia dotados de IA en las Administraciones públicas, adecuadamente diseñadas y utilizadas, pueden contribuir a mejorar la eficacia de determinados tratamientos de datos. La normativa de protección de datos no impide utilizar estas tecnologías, pero sí exige que los tratamientos de datos personales se realicen con garantías adecuadas a sus características y riesgos. Por ello, la protección de datos debe incorporarse desde las primeras fases del proyecto y formar parte de las decisiones sobre la adquisición, selección, configuración e implantación de los sistemas.
Antes de su puesta marcha el responsable del tratamiento debe analizar qué funcionalidades son necesarias para la finalidad perseguida y si su utilización es proporcionada. También debe determinarse qué datos genera cada función, durante cuánto tiempo se conservarán y quién podrá acceder a ellos. La Agencia destaca que la disponibilidad técnica de una capacidad de identificación, búsqueda, localización o seguimiento de personas no justifica por sí misma su uso.
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